Publicada la Sentencia del Constitucional que acaba con la contención de precios de alquiler en Catalunya

Vuelve a imperar la libertad de pactos a la hora de fijar el precio del alquiler de la vivienda al haberse declarado nulos los artículos 1, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.2 y las Disposiciones Adicionales 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª; la Disposición Transitoria 1.ª y la Disposición Final 3.ª y 4.ª b). de la Llei 11/2020, del 18 de setembre.

Con la publicación de la Sentencia 37/2022, dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 10 de marzo de 2022, se pone fin a la regulación que durante casi dos años ha supuesto una limitación a los precios de alquiler de vivienda en las llamadas areas con mercado de vivienda tenso.

Los, hasta hoy, 61 municipios afectados por la declaración de area tensa, recuperan la libertad de pactos en relación a la renta exigible establecida en la LAU (art. 17) , ya que deja de ser obligatorio fijar la renta en función del índice de precios de referencia de alquiler o en función de la renta establecida en un contrato anterior, medida que ha tenido un efecto más que cuestionado en el mercado del alquiler.

Y aunque sigue siendo obligatorio acompañar la información relativa al índice de precios tanto al contrato como a la publicidad de los pisos en alquiler ya que se mantiene vigente al no haberse anulado las sanciones derivadas de dicha omisión, la medida no tardará mucho en desaparecer pues parece que será estimado el recurso de inconstitucionalidad que presentó a su vez el gobierno contra esa misma Ley.

La Sentencia hace referencia específica a todos los contratos afectados por la contención de precios determinando que “la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos mencionados tendrá solo efectos pro futuro, manteniéndose en sus términos los contratos de arrendamiento de viviendas celebrados con anterioridad al momento de la presente resolución y a los que resultasen de aplicación las mencionadas normas”, entendiendo que dichos contratos son situaciones jurídicas consolidadas y por seguridad jurídica debe “procurarse la estabilidad en la relaciones contractuales prexistentes“.

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