Publicado el nuevo Decreto que suspende los lanzamientos cuando el propietario es gran tenedor

En fecha 4/11 se ha publicado lo DECRETO LEY 37/2020, de 3 de noviembre, “de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19.” estableciéndose la entrada en vigor en el día siguiente de la publicación, es decir, 5/11/2020.

Con un único artículo, el objetivo del Decreto Ley es el de reforzar la protección de los colectivos más vulnerables ante posibles desahucios, instados por Grandes Tenedores, mientras dure el estado de alarma o esté en vigor cualquier otra restricción de movilidad por motivos sanitarios.

Este Decreto ley no afecta a los pequeños tenedores (propietarios con menos de 15 viviendas), y solo será aplicable a:

a) Al demandante que tenga la condición de gran tenedor de vivienda. Se consideran grandes tenedores aquellas personas físicas, jurídicas o fondos de capital riesgo y de titulación de activos que sean titulares de más de 15 viviendas.

b) Al demandante que sea persona jurídica que haya adquirido después del 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de compensación de deudas o de dación en pago o provenientes de compraventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario.

El Decreto determina la suspensión de todos los lanzamientos decretados en juicios de desahucio por falta de pago, expiración de plazo, ocupación sin título, o los derivados de ejecuciones hipotecarias, cuando afecten a hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La situación de vulnerabilidad tendrá que acreditarse mediante un informe de los servicios sociales correspondientes.

Esta suspensión se mantendrá, al menos, durante la vigencia del estado de alarma o mientras se apliquen otras medidas que restrinjan la libro circulación de personas por razones sanitarias.

Quedan igualmente suspendidos los procedimientos de desahucio iniciados en los cuales no se haya acreditado el ofrecimiento de un alquiler social, decretándose la suspensión hasta que el gran tenedor haya formulado su propuesta de alquiler social.

Colectivos protegidos

– Las personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y cuyos ingresos mensuales, si viven solas, no superen 2 veces lo IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña; aproximadamente 1.500.-€, aunque dependerà del municipio en que radique la vivienda), y si se trata de unidades familiares o de convivencia, cuando los ingresos no superen 2’5 veces el IRSC (excepcionalmente se admite que se superen estos límites de ingresos, cuando las personas afectadas dispongan de un informe de servicios sociales acreditativo que están sometidas a un inminente riesgo de pérdida de la vivienda)

– Personas con discapacidades o con gran dependencia: ingresos mensuales inferiores a 3 veces lo IRSC

Ocupantes sin título, que acrediten que ocupan la vivienda desde como mínimo el 31 de diciembre de 2019, siempre que no hayan rechazado ninguna opción de realojamiento social en los últimos dos años, que los servicios municipales dictaminen que cumplen los parámetros de riesgo de exclusión residencial y están arraigados en el entorno vecinal, y siempre que la vivienda que ocupen esté inscrita en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante o sea susceptible de estar inscrita en él.

– Los inquilinos de grandes tenedores con contrato vencido.

Personas o unidades familiares vulnerables con dificultades para pagar las cuotas hipotecarias.

Excepcionalmente, también quedarán cubiertas las personas o familias que han ocupado un piso de un gran tenedor entre julio de 2019 y el inicio del actual estado de alarma, el 25 de octubre, si cumplen los requisitos de vulnerabilidad y disponen del correspondiente informe social. En este caso, sin embargo, no es obligatorio ofrecerles un alquiler social.

En todo caso el Decreto deja a criterio de los Servicios Sociales la determinación de la existencia de riesgo de exclusión social.

La entrada en vigor se produce el día 5/11/2020, y es aplicable a todos los procedimientos que estén en marcha, incluso, en aquellos en los que ya esté fijada la fecha de lanzamiento, que quedarán suspendidos, al menos, mientras dure el estado de alarma o existan restricciones que afecten en la libre circulación por razones sanitarias.

En cuanto a las ocupaciones ilegales, si el piso está ocupado por personas o unidades familiares vulnerables y pertenece a un gran tenedor, en caso de que se insten medidas cautelares pidiendo la intervención de los Mossos d’Esquadra o de la policía local para desalojar el piso, se tendrá que solicitar informe urgente a los servicios sociales y comunicarlo al Ministerio Fiscal.

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