Entra en vigor el DECRET LLEI 5/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

Continuando con la modificación legislativa que se está llevando a cabo en relación a la vivienda, el Gobierno de la Generalitat aprobó el pasado día 5/03/2019 un Decreto Ley que ha sido publicado en como DECRETO LEY 5/2019, de 5 de marzo, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda

Según informa la propia Generalitat, que así lo publica en su web en el apartado de vivienda, el mencionado Decreto “cumple con un triple objetivo: hacer frente al déficit de viviendas de protección pública de alquiler, tener más instrumentos para combatir las situaciones de emergencia y los desahucios y propiciar una moderación de los precios del alquiler de las viviendas libres.”

Reproducimos literalmente la nota de prensa publicada por el gobierno donde se resume el contenido del mencionado decreto,

“Para el primero objetivo, el Decreto Ley incluye diferentes medidas destinadas a incrementar tanto los patrimonios públicos de suelo, como los parques públicos de vivienda de alquiler, como también el parque privado de protección pública y de alquiler. Además, introduce nuevos condicionantes para hacer permanente la duración de la protección oficial:

· Incrementar el patrimonio público de suelo y de vivienda con destino a viviendas de protección pública. Se incluyen nuevos derechos de adquisición preferente a favor de la Generalitat en el caso de transmisiones onerosas de suelos privados que formen parte de las reservas de protección pública o de inmuebles con viviendas arrendadas que se vendan enteros.

También se establece una nueva regulación que permite tanto en los ayuntamientos como la Generalitat adquirir suelos mediante el derecho de tanteo y retracto o mediante la expropiación forzosa y destinarlos específicamente a construir viviendas de protección pública. En caso de que ya haya viviendas construidas, los permite destinarlos a este régimen de protección aunque el planeamiento urbanístico no lo especifique.

· Incrementar el parque público de viviendas de alquiler. El Decreto Ley prevé que los municipios con demanda residencial fuerte y acreditada impulsen, en el plazo de dos años, la construcción de viviendas de protección pública sobre solares disponibles de su patrimonio para destinarlos prioritariamente al régimen de alquiler.

Además, las administraciones están obligadas a mantener la titularidad pública de los suelos con destino a vivienda de protección pública que obtengan por cesión en las actuaciones urbanísticas y a destinar las viviendas también a alquiler. El Decreto Ley prevé la posibilidad de modular la forma de efectuar estas cesiones para que permitan financiar la construcción de estas viviendas.

· Incrementar el parque de viviendas privadas de alquiler y las viviendas privadas de protección pública. Se incluye la posibilidad que los planes urbanísticos destinen terrenos para la construcción de viviendas plurifamiliares específicamente de alquiler. Así mismo, se mejora la posibilidad de destinar parcialmente los edificios a viviendas de protección pública, en suelo urbano consolidado, para conseguir viviendas más adecuadas a las necesidades sociales y propiciando una oferta más variada.

El Decreto Ley prevé también que en el caso de promociones privadas que hayan recibido algún tipo de ayuda pública haya una cobertura total por parte de la Generalitat de los alquileres impagados y que los adjudicatarios tengan prioridad en la percepción de las ayudas al pago del alquiler.

· Nuevos condicionantes porque la calificación de las viviendas con protección oficial sea permanente. El Decreto Ley establece que, a partir de su entrada en vigor, la calificación de las viviendas con protección oficial será vigente mientras concurran alguna de las dos circunstancias siguientes: que el planeamiento urbanístico los reserve al uso de vivienda de protección pública o que formen parte de un patrimonio público de suelo y de vivienda. En el resto de circunstancias, la duración podrá ser determinada, según se establezca reglamentariamente, en función, si se tercia, de las ayudas percibidas para su promoción.

El Decreto Ley fija un régimen transitorio para las viviendas que ya tengan la calificación definitiva de protección oficial o que estén en trámite para obtenerla. En el primer caso, si las viviendas están construidas sobre suelos públicos, la duración de la calificación pasa a ser permanente. En el segundo caso, se aplicará la duración permanente si se encuentran sobre suelos públicos o de reserva aunque ya hubieran obtenido la calificación provisional.

Se introducen nuevos criterios para la determinación de los precios de las viviendas con protección oficial y para la adjudicación de los de alquiler.

Atender las situaciones de exclusión residencial

El segundo objetivo del Decreto Ley es combatir las situaciones de emergencia y los desahucios. La nueva normativa prevé que los pisos de personas jurídicas que lleven más de dos años vacíos y los que forman parte de edificios en construcción pendientes de acabado desde hace más de dos años con obras ejecutadas en más del 80% se tendrán que inscribir en el Registro de viviendas vacías y ocupados sin título habilitante. Contra estas situaciones anómalas, se podrán imponer multas coercitivas aparte de la posibilidad que la Generalitat y los ayuntamientos los puedan expropiar a precio reducido por incumplimiento de la función social de la propiedad.

El Decreto Ley articula también convenientemente las medidas que prevé la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas asequibles de alquiler.

También regula los alojamientos provisionales de las personas que se encuentren en situación de emergencia social y facilita la construcción de edificios para este destino.

Los contratos de alquiler tendrán que incluir el Índice de Referencia

El nuevo Decreto Ley incluye también medidas para propiciar una moderación de los precios del alquiler de las viviendas del mercado libre a través del Índice de Referencia del precio del alquiler, que informa sobre la media del precio del alquiler de una vivienda de características similares en el mismo entorno urbano.

El Decreto Ley mujer rango y efectos legales a este índice y su consignación será obligatoria en todos los anuncios de publicidad y en los contratos de alquiler de las viviendas.

La Generalitat tendrá en cuenta el Índice de Referencia en el desarrollo de las políticas públicas y solo los arrendadores de las viviendas alquiladas con rentas inferiores a este índice se podrán beneficiar de las ayudas públicas dirigidas al fomento del alquiler.”