El 2024 arranca con importantes novedades en el ámbito del alquiler de vivienda

Con la entrada en vigor del Real decreto ley 8/2023, de 28 de diciembre, “por el cual se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía”, se amplía nuevamente el periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables.

– Se prorroga la suspensión de los procedimientos judiciales de desahucio por carencia de pago o expiración de plazo. Se prorroga hasta el 31/12/2024 la posibilidad por parte del locatario de instar la suspensión del procedimiento de desahucio o del lanzamiento siempre y cuando quede debidamente acreditada su vulnerabilidad de acuerdo con el establecido al arte. 5 del Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de marzo.

– Suspensión de lanzamientos en el caso de las ocupaciones ilegales (incluidos procedimientos penales). Se prorroga hasta el 31/12/2024. En estos casos, será el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, quien tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitante informe a los servicios sociales competentes a fin de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a esta situación.

Conviene recordar que en ningún caso se podrá decretar la suspensión en los siguientes supuestos:

Cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario.

Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviera en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.

Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediante intimidación o violencia sobre las personas.

Cuando existan indicios racionales que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas

Cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante.

Que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real decreto ley 11/2020, es decir a partir del 2/4/2020.

Se prorroga el plazo para solicitar las compensaciones previstas para arrendadores y propietarios. Se amplía, hasta 31 de enero de 2025, el plazo por que arrendadores/propietarios puedan solicitar la compensación económica prevista para los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria (disposición adicional segunda del Real decreto ley 37/2020, de 22 de diciembre). La compensación consistirá en el valor mediano que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el periodo comprendido entre el acuerdo de suspensión y el levantamiento de esta.

A nivel fiscal, los propietarios que declaran rendimientos inmobiliarios en su IRPF, y por aplicación de la Ley del Derecho a la Vivienda, quedan sujetas a los siguientes cambios.

La reducción del 60% que hasta ahora era aplicable a los alquileres destinados a vivienda habitual, queda fijada en el 50%.

El resto de medidas fiscales previstas, que seguidamente exponemos, no son todavía aplicables, a carencia que se determinen las zonas tensas y se el·labori y publique la index de referencia aplicable.

Reducción del 90% si el nuevo contrato se ha formalizado en una zona de mercado tensado si hay una rebaja de al menos un 5% en relación con la última renta actualizada del contrato anterior de la misma vivienda.

Reducción del 70% cuando se produzca alguna de las circunstancias siguientes:

Cuando el contribuyente haya alquilado por primera vez la vivienda, cuando este se encuentre en zona de mercado tenso y el locatario tenga una edad comprendida entre 18 y 35 años. Si existen varios inquilinos en la misma vivienda, esta reducción se aplicará proporcionalmente sobre la parte de rendimiento neto que corresponda a los mencionados locatarios.

Cuando el arrendatario sea una Administración Pública o entidades del tercer sector, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler.

Reducción del 60% cuando la vivienda haya estado objeto de una actuación de rehabilitación en los dos años anteriores a la fecha de formalización del contrato.