El Parlament aprobó el pasado día 9/7, un impuesto que gravará a aquellos pisos que lleven más de 2 años desocupados sin causa justificada siempre y cuando pertenezcan a personas jurídicas. Quedan exentas de dicho gravamen las personas físicas y la entidades del tercer sector de la red de inclusión social. La Generalitat calcula que dicha medida afectará a unos 15.000 pisos que actualmente se encuentran en manos de entidades financieras y que se hallan ubicados en 70 de los municipios con mayor demanda de vivienda. El objetivo según indica el Conseller Santi Vila es la reactivación del mercado de vivienda local mediante una importante reducción del stock de pisos vacíos y la promoción del alquiler social a través de las bonificaciones establecidas para el caso de cesión en alquiler social.