Prorrogada la suspensión de los desahucios de vivienda y otras medidas de protección al inquilino vulnerable

En fecha 5 de mayo de 2021 se ha publicado Real decreto ley 8/2021, de 4 de mayo, “por el cual se adoptan las medidas urgentes al orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar después de la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el cual se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.” estableciéndose la entrada en vigor el próximo día 9 de mayo, día en que está prevista la finalización del estado de alarma.

El objetivo del Decreto Ley es mantener la vigencia de determinadas medidas extraordinarias adoptadas durante el estado de alarma, una vez finalice este, el que sucederá el próximo día 9 de mayo si no se acuerdan nuevas prórrogas.

El Decreto alcanza varios ámbitos tales como el control sanitario de los desplazamientos internacionales, la celebración de Juntas de Propietarios de forma no presencial, los bonos sociales y los suministros garantizados de agua, luz y gas a los hogares vulnerables, la suspensión de los desahucios, la prórroga de determinados contratos de arrendamiento, la ampliación de plazo de las ayudas por arrendadores, determinadas medidas en relación a la violencia de género y hasta todo afecta a plazos procesales en el ámbito del contencioso-administrativo en cuanto al recurso de casación.

En cuanto al ámbito de los arrendamientos urbanos, el mencionado Decreto Ley pretende reforzar la protección de los colectivos más vulnerables durante los 3 meses siguientes a la finalización el estado de alarma ante posibles desahucios derivados tanto, del impago de rentas, como de la expiración del contrato, y se extiende aun así a los juicios instados por ocupación ilegal de la vivienda tanto a la vía civil como la penal.

Este Real Decret-Llei afecta a todos los arrendadores de viviendas que tengan que recurrir la vía judicial para extinguir sus contratos de alquiler ya sea por falta de pago, por la expiración del plazo pactado, o por la ocupación ilegal de la vivienda.

En determinados casos, se podrá alegar la posible vulnerabilidad del arrendador/propietario. Para hacerla valer frente a la vulnerabilidad del inquilino, el arrendador/propietario tendrá que tener unos ingresos mensuales que no superen los 988,50.-€, y se tendrá que acreditar debidamente aportando la misma documentación que se le exige al arrendatario/inquilino.

Así pues, a partir del 9 de mayo de este año y hasta el 9 de agosto 2021, el inquilino podrá instar el incidente de suspensión extraordinaria (Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo) cuando se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, derivada del Covid-19, que le impida encontrar una alternativa habitacional.

La mencionada vulnerabilidad tendrá que ser debidamente acreditada por el inquilino que tendrá que aportar, como mínimo, la siguiente documentación:

a) En caso de situación legal de desocupación, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el cual figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desocupación

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, en base a la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual, la documentación requerida será:

– Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

– Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia en el momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

-Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto ley.

Una vez presentada la documentación que acredite la vulnerabilidad del inquilino, y en su caso, la del propietario/arrendador, el Juzgado la remitirá a los Servicios Sociales que tendrán que valorar la situación concreta expuesta, emitiendo su informe en un plazo máximo de 10 días.

En base al informe emitido y de la documentación aportada, el Juez, sopesando las vulnerabilidades alegadas, tendrá que determinar si acuerda la continuación o la suspensión del procedimiento.

Caso que se acuerde la suspensión, esta, por imperativo legal, no podrá extenderse más allá del 9 de agosto de 2021, fecha en que se retomará el cómputo de los plazos aplicables

La medida se dirige, entre otros, a las siguientes personas (art. 5 RDL 11/2020 de 31 de marzo):

– Inquilinos en situación de desocupación, ERTE, etc, que por dichas circunstancias, no superen, como unidad familiar, los 1.694,70.-€ mensual

– Inquilinos con gastos de alquiler iguales o superiores al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Será aplicable a partir del día 9/5/2021 a todos los procedimientos que estén en marcha y, incluso, en aquellos donde ya esté fijada fecha de lanzamiento, que quedarán suspendidos, al menos, hasta el 9 de agosto de 2021.

En cuanto a las ocupaciones ilegales, se establece que no cabrá la suspensión del procedimiento ya sea civil o penal, en determinados casos, entre los que destacamos,

– Cuando la vivienda ocupada sea propiedad de una persona física y constituya su domicilio habitual o la segunda residencia.

– Cuando la ocupación ilegal se haya producido con violencia o intimidación.
– Cuando existan indicios de que se desarrolla de una actividad ilícita.

– Cuando la ocupación ilegal se dé con posterioridad al 9 de mayo de 2021.

El Real decreto ley, prevé también la prórroga de los contratos de alquiler de vivienda cuyo vencimiento esté previsto entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021. Estos, tendrán que ser prorrogados, imperativamente, por un plazo de 6 meses más a contar desde la fecha de vencimiento, siempre y cuando así lo solicite el inquilino.

Quedan excluidos de esta prórroga obligatoria aquellos casos en que las partes hayan pactado la prórroga en otros términos, o los casos en que el propietario haya comunicado la extinción del contrato por necesidad propia.

Finalmente, como otra medida que afecta al alquiler de vivienda cuando el arrendador/propietario es gran tenedor, se amplía hasta el 9 de agosto de 2021, el plazo de que disponen los inquilinos para poder solicitar a sus arrendadores, cuando este sean personas jurídicas o grandes tenedores, el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta, siempre y cuando no lo hubieran pactado con anterioridad.

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