Continúa siendo uno de nuestros caballos de batalla porque el impuesto perjudica claramente los propietarios.

Representantes de la Confederación de Cámaras de la propiedad Urbana y de las Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas se han reunido recientemente con representantes de varios grupos parlamentarios presentes al Congreso de los Diputados, con el objetivo de reclamarlos que se elimine la plusvalía municipal que según tres sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional no se ajusta a la Carta Magna.

El julio pasado se pidió entrevista a los siguientes grupos parlamentarios: el PP, el PSOE, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En común Podemos-En Marea, Ciutadans, ERC, EAJ-PNB y el Grupo Mixto. De estos, de momento, los únicos que han recibido los representantes de las Cámaras –el presidente de la Confederación, Ángel Merino; y el Secretario General, Miguel Ángel Sánchez Fraile- han sido el PP, el PSOE, Ciutadans y ERC.

Los portavoces de las Cámaras han calificado de cordiales y cercanas todas las reuniones, durante las cuales, además de dar a conocer la entidad, hicieron saber a los diputados que el impuesto de la plusvalía municipal se basa en una fórmula de cálculo “totalmente anticonstitucional”. Lo ha puesto en evidencia la crisis, cuando los ayuntamientos han querido cobrar el impuesto a pesar de que las propiedades, mayoritariamente, se han vendido por un precio inferior al que se habían comprado y por lo tanto no había beneficio por el propietario sino pérdida. Más allá, pero, la Confederación pide la eliminación del impuesto, que sólo graba el incremento de valor de un terreno, teniendo en cuenta que sobre la propiedad inmobiliaria recaen todo tipo de impuestos: el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; el IBI, el IRPF, el Impuesto sobre sociedades… en algunos casos con motivo de la transmisión de la propiedad y en otras, sencillamente por el hecho de ser tan sólo propietario de una finca.

Es ante este alud impositivo que las cámaras catalanas y españolas pedimos que desaparezca el impuesto de la plusvalía que gestionan los ayuntamientos y que sea la Hacienda pública o las Diputaciones los que ingresen directamente en los consistorios parte de la recaudación que obtienen de los inmuebles por las compraventas en IRPF y/o Impuesto sobre sociedades.

Las cámaras consideramos que de este modo no bajan los ingresos municipales porque la administración central puede habilitar un sistema justo que grabe la existencia de beneficios. De este modo se evitaría que los propietarios tengan que pagar cuando la transacción de la propiedad los produce una pérdida o cuando se ven obligados a venderlo forzosamente en subasta hipotecaria; sobre todo si se tiene en cuenta que la fórmula de cálculo es como mínimo dudosa, y se hace sobre una base poco flexible de valores catastrales desfasados en la mayoría de los casos.

En fase de negociacióEls representantes de la Confederación esperan la respuesta del resto de grupos del Congreso. Aun así, esperan que el PP los facilite el texto legal que están negociando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ciutadans y el PSOE.Este texto prevé que se lo elimine el pago en caso de que no exista plusvalía o beneficio (tal como recogen las sentencias del TC). En el supuesto de que haya beneficio, se determinará la aplicación de nuevos porcentajes, que variarán en función del periodo de generación de la plusvalía. Finalmente, será el precio de la escritura el que se tenga en cuenta para la operación, a pesar de que posiblemente se otorguen facultados inspectoras a los ayuntamientos, que podrían revisar el valor aplicable para calcular el beneficio.

Si el texto prospera, los ayuntamientos perderán ingresos y serán ellos los que, en caso de reclamación de los sujetos pasivos, se tendrán que hacer cargo de los montantes correspondientes que se admitan por vía administrativa o que los impongan las sentencias judiciales, por el hecho de haber cobrado el impuesto sin que realmente hubiera una plusvalía. La administración central ya ha dicho que no se hará cargo de las responsabilidades de los municipios, contrariamente al que pedía la FEMP.